Inhabilitaciones y obligaciones en la Procuraduría de Colombia

Hace poco, la Procuraduría General de la Nación de Colombia mostró los nombres de los aspirantes que se hallan incapacitados para llevar a cabo cargos gubernamentales en las elecciones del próximo diciembre. En Colombia y de acuerdo al registro en las Procuradurías de Colombia, son seiscientos noventa y cuatro y en el Cauca, 29 (el dos con siete por ciento de los inhabilitados), que van en contra de lo indicado en la ley seiscientos diecisiete del dos mil, en el artículo 37, artículo 40, asimismo por transgredir lo citado en la Ley 599 del año 2000 y por no cumplir la Ley ciento treinta y seis del año mil novecientos noventa y cuatro, específicamente, en el artículo ciento veinticuatro.

Los partidos que en el Cauca apuntaron más candidatos con inhabilidades son, en su orden, el Conservador y Cambio Radical. La mayoría de los cuestionados forman parte de listas a concejos. Como un aspecto positivo se puede resaltar que en esta lista no figuran candidatos a las alcaldías ni a la Gobernación.

En temporadas previas a elecciones, la Procuraduría convenientemente anuncia los nombres de aspirantes inhabilitados; lo mismo hacen los medios que notifican y exponen las hojas de vida de aquellos aspirantes que tienen antecedentes disciplinarios y que no deberían hacer una parte de las listas a cargos de elección popular, mas, por último resultan elegidos, con el consecuente desgaste que implican las demandas posteriores que terminan en destituciones. En esta ocasión el Fiscal General encargado avisó, además, que esta entidad de control estudiará si existen delitos del tipo de elección ilegal.

Resulta conveniente rememorar que en dos mil diecisiete entró en vigencia la Ley mil ochocientos sesenta y cuatro que pretende fortalecer los mecanismos de participación democrática. Esta ley adicionó al Código Penal el delito de “elección ilegal de candidatos”, según el cual, “quien sea elegido para un cargo de elección popular estando inhabilitado para desempeñarlo por decisión judicial, disciplinaria o bien fiscal incurrirá en cárcel de 4 (4) a nueve (nueve) años y multa de doscientos (doscientos) a ochocientos (ochocientos) sueldos mínimos legales mensuales vigentes”. Probablemente con buena intención, los legisladores creyeron que esto conseguiría un efecto disuasivo entre quienes tengan una sanción en contra suya.

Parece que las advertencias de la Procuraduría (incluyendo las procuradurías en Bogotá) y la incorporación de esta conducta como un delito con pena de cárcel no amedrentó a los aspirantes y mucho menos a los partidos. En este punto es asimismo importante exigir que los partidos (si bien legalmente no estén obligados) no permitan que ingresen personas cuestionadas a sus listas, puesto que son los que acreditan estas candidaturas.

Resta ver si la publicación de los nombres de los incapacitados y la advertencia del Fiscal General encargado tienen algún efecto y salen de las listas los candidatos cuestionados. Hay plazo hasta el 27 de septiembre.

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